EU investiga a 2 gobernadores más de Morena, según LA Times; revoca visas a Alfonso Durazo y Américo Villarreal y les da permisos especiales

El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el primero, y por huachicol, el segundo, de acuerdo con Los Angeles Times.

Según el diario estadounidense, a ambos se les revocó su visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

Una investigación de Los Angeles Times y Puente News Collaborative señala que la acción contra los gobernadores en funciones, amenaza con debilitar a Morena, partido gobernante de México, y tensar aún más la relación entre ambos países.

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Según fuentes relacionadas con el caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, la visa del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo fue cancelada el año pasado y Estados Unidos lo investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El medio señala que Durazo viaja a Estados Unidos con regularidad para recibir tratamiento especializado por una afección médica, gracias al programa de libertad condicional en el que se encuentra y que, detalla, suele reservarse para personas que cooperan con las autoridades. Los Angeles Times añadió que contactó a la oficina de Durazo para solicitar comentarios, sin suerte.

Mientras que la investigación contra Américo Villarreal está relacionada con el contrabando de combustible (huachicol), dijeron al diario fuentes cercanas al caso, quienes indicaron que Villarreal también cuenta con la libertad condicional por beneficio público significativo.

Los Angeles Times citó una declaración de Villarreal en la que negó haber cometido alguna irregularidad y calificó las acusaciones de falsas, sesgadas y carentes de pruebas. Afirmó que, como funcionario público, siempre ha actuado con transparencia y responsabilidad, y ha respetado la ley.

En abril pasado, el Departamento de Justicia de EU acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.

Cabe recordar que en ese caso un gran jurado en Nueva York emitió la acusación en contra del ahora gobernador con licencia, también morenista, lo cual llevó a la solicitud de su extradición por parte del gobierno estadunidense.

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"Parole" para Alfonso Durazo y Américo Villareal

De acuerdo con las fuentes de los periodistas, a Durazo, exsecretario de Seguridad Publica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le fue negada una visa, pero viaja a Estados Unidos de manera regular para recibir atención médica bajo un programa especial estadunidense empleado para individuos que están cooperando con seguridad publica.

“El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros”, de acuerdo con la investigación dada a conocer este miércoles.

En el caso de Américo Villarreal, actual mandatario estatal, también contaría con ese permiso especial y "cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadunidenses", según la investigación de los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum.

De acuerdo con los periodistas, cuando el secretario de Seguridad Interna estadounidense , Markwayne Mullin, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo pasado, le dijo que el gobierno del presidente Donald Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a EU.

Sheinbaum, afirman Fisher y Linthicum, respondió que el destino del gobernador se determinará en México, y que “le advirtió a Mullin que acusaciones estadunidenses adicionales contra líderes electos serían considerados interferencia política en los asuntos de México”.

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¿Qué dicen Durazo y Américo?

Al respecto, en una declaración a los reporteros sobre el asunto, el gobernador morenista de Tamaulipas calificó de falso toda acusación en su contra.

Mientras que una vocera del gobierno de Alfonso Durazo dijo que "es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times", y rechazó cualquier señalamiento sin sustento.

De acuerdo con la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de alguna investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Apenas el domingo pasado, la presidente Sheibaum dijo en su discurso en el Monumento a la Revolución, a dos años de su triunfo electoral, que "primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”.

Retiro de visas, el método de presión de EU

Desde que regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que México está gobernador por los cárteles del narcotráfico, algo que el gobierno mexicano ha negado reiteradamente.

En este contexto y como parte de su combate a los cárteles, el gobierno de Trump ha buscado nuevas herramientas de presión a diferentes gobiernos, entre ellos el mexicano, como el retiro de visas tanto a funcionarios en activo como a exfuncionarios.

En abril de este año, Los Angeles Times adelantó que Estados Unidos apuntaba contra políticos mexicanos luego de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, advirtió que los inversionistas requieren certeza y un “entorno libre de corrupción”.

De acuerdo con el medio, que citaba a fuentes informadas, los comentarios fueron parte de una amplia campaña del gobierno estadounidense cuyo blanco son funcionarios mexicanos sospechosos de tener nexos con el crimen organizado.

Dicha campaña no se limitaría a la cancelación de visas para los sospechosos de tener nexos con los cárteles mexicanos de la droga, como ha ocurrido en los últimos meses, sino que podría incluir acusaciones a políticos mexicanos en cortes federales, “incluyendo miembros del partido gobernante, Morena”.