El combate contra las drogas ha constituido un leitmotiv en las agendas de política interna y externa da la mayoría de los países de la región. La profunda problemática de este flagelo es, entre muchas cosas, que presenta una interconexión de redes que se opera con una dinámica empresarial ubicando los productos ilícitos en diversos mercados internacionales.

Lo anterior es imposible de llevar a cabo sin una enraizada red de vínculos y corruptelas que involucran autoridades de todos los niveles de gobierno(s) que son los que empujan y sostienen los intereses de las organizaciones criminales.

Este fenómeno multifactorial no puede explicarse con una simplicidad tipo cuatroté mañanera aduciendo una causa o un solo factor; en el caso específico de este (des)gobierno que sostiene atacar “las causas” regalando dinero, es un síntoma inequívoco de la visión ramplona y pedestre de la burbuja en el poder.

La hoja de ruta de López Obrador de quitarle el semillero de jóvenes a la delincuencia organizada mediante sus programas y becas casi cinco años después resultó un rotundo fracaso. Los números no mienten y golpean brutalmente la simulación de ese programa social de Morena. Esta administración tiene la vergonzosa cifra más alta en inseguridad, violencia e impunidad.

La consolidación y evolución de las bandas criminales ha sido exponencial en este sexenio gracias a la política de abrazos y de tolerancia con aquellos cárteles y funcionarios que han ensangrentado y empujado a México al abismo de la corrupción.

No hay maroma presidencial de los estultos corifeos del rebaño lopezobradorista que pueda matizar o desaparecer esos números. La realidad de la violencia e inseguridad todos los días muestra el horror del cuadro de este gobierno que bajo el lema de ser diferentes ha permitido la transformación del país en reino de la impunidad criminal.

Sin estrategia, pero eso sí, con una tonelada diaria de ocurrencias para matizar los estruendosos fracasos, el país navega aguas peligrosas en medio de la disputa electoral.

Los ciudadanos en el 2024 no pueden ni deben bajo ningún pretexto permitir esta continuidad de la política criminal de permisividad y condescendencia.

Los cárteles dominan regiones enteras y cogobiernan con las autoridades que son sometidas o están coludidas a esa agenda ilegal e ilícita que además domina las conversaciones en la burbuja morena.

La sostenida debilidad del Estado para aplicar la ley está permitiendo la diversificación de los negocios de organizaciones delictivas que tienen que ser atacadas como fenómenos multifactoriales que requieren de un enfoque interdisciplinario —algo que ignoran en este gobierno— que tenga en cuenta la complejidad y la interacción entre los diversos factores involucrados.

El reto para la siguiente administración es inmenso no sólo en la selección de perfiles y la estrategia circular con un enfoque integrado y adaptable para tener la firmeza y determinación de desbancar a los abrazos y regresar el imperio de la ley, sino en desmarcarse por completo del desastre de esta cuatroté.

La continuidad de la tolerancia y la politiquería de sostenidas estupideces ya no es opción.