Más Información
El visitador General de la Fiscalía General del estado, Juan Alberto Camarillo, negó que se haya violado la secrecía sobre las cuatro denuncias que el ayuntamiento de San Luis Potosí interpuso en contra de la administración 2015-2018.
Esto, debido a que sólo indicó que para contar con evidencias reales y seguir avanzando en esas carpetas es necesario que se demuestre el quebranto patrimonial que se ha solicitado y no se ha entregado.
“Si el contralor realizara los procedimientos administrativos o en su defecto tuviera una resolución, esto nos pudiera dar avances considerables dentro de nuestras carpetas de investigación”, indicó.
En relación a lo señalado por el segundo síndico municipal, puntualizó que no se dio ningún detalle de las mismas y sólo se habló de la acreditación de lo que presumiblemente es el faltante.
“El quebranto patrimonial únicamente se pudiera acreditar cuando ellos hayan finiquitado los procedimientos administrativos y nos arrojen una cantidad neta o líquida de eso”, explicó.
Incluso consideró que el ayuntamiento tiene una mala información, tan es así que la Contraloría manifestó que la Fiscalía General del estado cuenta con una carpeta por las obras de Fray Diego de la Magdalena, cuando esa denuncia está en la Fiscalía General de la República.
“Esa carpeta no es de nuestra competencia, como ya se estableció, eso corresponde a un recurso federal y nosotros no tenemos conocimiento de ello, sería la FGR. Lo que señala el síndico y el contralor es preocupante, pues ni siquiera saben en dónde se encuentra ese expediente, esto es un desconocimiento de dónde se tramita”, dijo.
Dijo que esas aseveraciones desacreditan el trabajo que lleva a cabo la FGE, pues la investigación aún no concluye.
“Nosotros no estamos encubriendo nada, únicamente necesitamos que el ayuntamiento nos apoye y nos aporte datos, las carpetas se estarán integrando de acuerdo a las posibilidades e investigaciones que ya se llevan, ellos tienen una fuerte coadyuvancia para que avancen rápido, nosotros no nos estamos deslindando de la investigación.
“Efectivamente, nos corresponde investigar y a ellos, con el fundamento del 19 constitucional, se establece que estos podrán apoyar y aportar más datos para dar celeridad al desahogo de las carpetas”, mencionó.
Afirmó que con ello no quiere decir que no exista una responsabilidad o elementos para quien o a quienes se acusa, sino que se requiere de esa aportación para poder desarrollar bien el trabajo.
“Si nosotros no estamos realizando lo correcto, el municipio puede acudir ante un juez de Control, que es lo novedoso de este nuevo sistema penal, y allá nos podrán requerir lo conducente”, finalizó.
etp
