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La Fiscalía General del Estado (FGE) y UBER México hicieron alianza para trabajar en conjunto con el objetivo de combatir a la delincuencia.
Con los datos de la plataforma se espera agilizar las investigaciones cuando sea necesario y siempre que lo permitan las disposiciones legales. A pesar de que UBER es considerada una empresa que opera en la ilegalidad según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además del gremio taxista.
La empresa digital impartió un curso a los elementos de la Policía de Investigación (PDI) para conocer a detalle los procedimientos a seguir y las autorizaciones para dar seguimiento a casos que involucren a la plataforma.
La aplicación recaba información de los miles de viajes que se realizan en el país a través de traslados que son respaldados por tecnología que permite rastrear rutas, tener datos del vehículo y conductor, así como contar con registros del día y hora de los viajes, entre otras funciones, todo en el marco de la ley.
Este convenio es para que estos datos sean compartidos con las autoridades de San Luis Potosí y así apoyar las labores de investigación delictiva, a través de un equipo especializado en seguridad que se encargará de analizar y revisar las peticiones para posteriormente compartir la información.
Sólo a través de instancias de procuración de justicia y con una solicitud relacionada a una investigación penal con claro sustento jurídico, se proporcionará información tanto de socios conductores como de usuarios.
La aplicación mantiene la confidencialidad de datos de acuerdo a lo establecido en su política de privacidad y la Ley de Protección de Datos Personales.
Como parte de esta colaboración con la FGE, la empresa presentó procesos que ayudarán a reducir el tiempo de respuesta de algún dato posible de compartir respecto de actos delictivos y con lo que se contribuye a la apertura de nuevas líneas de investigación o el fortalecimiento de las mismas.
Otros ejemplos de colaboración que se han hecho con instituciones de investigación en México, son las alianzas con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, la Unidad Antisecuestro de Nuevo León y la Fiscalía de Chihuahua, en donde se ha ayudado a recaudar información crucial durante las investigaciones.
