Como parte de los operativos de vigilancia y seguridad implementados en la Huasteca potosina, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de Gabriela “N”, de 47 años, e Isidro “N”, de 52 años, exalcalde de Tampamolón, y su esposa, luego de asegurarles un arsenal, cargadores y municiones.
El operativo se llevó a cabo sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, a la altura del rancho El Diamante, en el municipio de Tampamolón, donde agentes estatales detectaron una camioneta cuyos tripulantes presuntamente intentaron evadir a las autoridades al percatarse de la presencia policial.
Tras la intervención, los oficiales aseguraron ocho armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47 conocido como “cuerno de chivo”, un arma tipo AR-15, una escopeta semiautomática, dos rifles de diferentes calibres y tres armas cortas.
Además, fueron decomisados siete cargadores, 86 cartuchos útiles y una camioneta Dodge RAM color rojo.
Las dos personas detenidas, junto con las armas y demás indicios, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí señaló que continuará reforzando acciones operativas y de inteligencia en las cuatro regiones del estado para mantener las labores de seguridad.
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¿Quién es el exalcalde de Tampamolón?
Isidro Mejía Gómez, conocido también como “Chilo Mejía”, se desempeñó como presidente municipal de Tampamolón Corona durante el periodo 2018-2021 bajo las siglas del Partido Nueva Alianza, aunque posteriormente buscó contender como candidato de Morena.
Durante y después de su gestión municipal enfrentó diversos señalamientos relacionados con presuntas anomalías administrativas, además de acusaciones ligadas a posibles vínculos con grupos delictivos.
En septiembre de 2021, el Congreso del Estado determinó inhabilitarlo, junto con integrantes de su Cabildo, para ocupar cargos públicos durante un periodo de seis años, tras detectarse irregularidades derivadas de la falta de consultas indígenas dentro de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
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