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La fiscal general del estado María Manuela García Cázares informó que el ex diputado local Rolando N. obtuvo la modificación de la medida cautelar y podrá seguir su proceso en libertad, derivado del pago de 6 millones de pesos que reintegró a las arcas del Gobierno del estado, aunque esto no significa que ya se haya declarado como culpable, ni que el proceso haya concluido.
“El día de ayer hubo una audiencia y lo único que se cambió fue la medida cautelar… fue a petición de la defensa, en este sentido él pagó al Gobierno del estado lo relativo a una parte de la reparación del daño por unos 6 millones de pesos”, explicó.
La fiscal detalló que pese a reintegrar los 6 millones de pesos, el imputado no ha aceptado alguna culpabilidad por los delitos de desvío de recursos, por lo que el proceso penal seguirá su curso aunque ya fuera de la cárcel.
Recordó que el monto de lo que se le acusa es de desvío de recursos por alrededor de 14 millones de pesos, por lo que al momento no se ha reparado el daño de manera completa, mientras tanto el proceso judicial continúa.
Homicidio de “El Bajito”
Por otro lado García Cázares informó que ya se abrió carpeta de investigación por el asesinato de un joven que se transportaba en una motocicleta sobre avenida de la Paz y Eje Vial, hechos que se suscitaron la noche del día de ayer, por lo que se están indagando los posibles móviles y quienes pudieran ser los responsables.
Detalló que “se reportó un homicidio cerca de la medianoche, es una persona que viajaba en una motocicleta y recibió disparos de arma de fuego, estamos haciendo la pesquisa y estamos esperando los resultados de la necropsia”.
Ciclista sometido por escolta
Finalmente, la fiscal estatal refirió que en el caso del ciclista que fue sometido por un escolta la semana pasada, cuyo caso se hizo mediático, señaló que el presunto responsable está detenido y a disposición de la FGR por la portación de armas sin permiso.
En el caso del delito del fuero común que son las lesiones al joven, la funcionaria detalló que se está aún a la espera de que la víctima presente su denuncia ante el ministerio público.
