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Como medida para poner un alto a la violencia que se vive en la entidad y en el país, el vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego, sugirió a los diputados del Congreso de la Unión discutir la implementación de una suma monetaria a modo de indemnización que el Estado mexicano deba otrorgar a las familias de todas aquellas personas que han sido víctimas indirectas del crimen organizado.
De acuerdo con el vocero eclesiástico, el pago de alguna cantidad importante de dinero sin duda se convertiría en un incentivo para que las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia desempeñen su labor de manera más eficiente.
“Un ciudadano muerto por la violencia, es un ciudadano muerto a causa de la ineficacia de las autoridades (y se) está sufriendo un daño no sólo humano e irreparable, también un daño patrimonial para sus familias. El ciudadano paga a través de sus impuestos para que haya seguridad y si no se cumple, se tiene que pagar una indemnización”, puntualizó.
Juan Jesús Priego insistió en que si por cada persona que muere víctima de la violencia se indemnizara a sus familias, se estaría haciendo, en primer lugar, un acto de derechos humanos muy justo, porque muchas familias podrían estar perdiendo al principal encargado de aportar el sustento económico.
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Estas muertes, dijo, repercuten para toda la vida tanto en la alimentación, la educación y en general la vida de los huérfanos y las viudas.
Y además, señaló Priego Rivera, el hecho de que la autoridad tenga que pagar sumas inmensas de dinero para indemnizar a los ciudadanos víctimas de la delincuencia, tendrá como consecuencia más probable que de manera obligada las instituciones busquen volverse más eficientes.
“Tendrán que echarle ganas porque se les va a tocar en donde verdaderamente les duele, que es en el dinero”, aseveró.
