San Luis Potosí ha sido escenario de numerosos hechos violentos; sin embargo, algunos han provocado una conmoción particularmente profunda por la edad de las víctimas, la brutalidad de los hechos, el número de personas asesinadas o porque las víctimas eran estudiantes, madres o integrantes de familias conocidas.
Durante varios años, habitantes de Tamuín y municipios de la Huasteca vivieron con el temor provocado por las desapariciones de mujeres y niñas que posteriormente fueron relacionadas con Filiberto, conocido como “La Bestia” o “El Monstruo de Tamuín”.
Las investigaciones establecieron vínculos entre Filiberto y los casos de varias mujeres desaparecidas entre 2010 y 2014.
Entre las víctimas estuvieron las menores Itzel Romany y Dulce Jimena, de 11 y 9 años, respectivamente, además de Eliehoenai Chávez, de 32 años.
Los restos de víctimas fueron localizados en zonas de cañaverales entre Tamuín y Ciudad Valles.
El caso provocó durante años la exigencia de justicia de las familias, algunas de las cuales tuvieron que esperar más de una década para obtener una resolución judicial.
En febrero de 2026, una juez sentenció a Filiberto a 175 años de prisión por tres feminicidios, entre ellos los de las dos niñas.
Una escena estremecedora fue descubierta en la comunidad de El Toro, en Santa María del Río, donde fueron localizados sin vida un hombre adulto mayor y su hija de 42 años.
Ambos se encontraban dentro de una vivienda y presentaban heridas producidas por arma blanca y signos de estrangulamiento.
La mujer era funcionaria del Ayuntamiento de San Luis Potosí, situación que provocó que el caso tuviera especial repercusión en la capital potosina.
De acuerdo con las primeras investigaciones difundidas entonces, el padre habría alcanzado a comunicarse con su hija para decirle que estaba herido.
Cuando ella acudió a la vivienda también fue atacada.
Uno de los casos que más indignación provocó por la edad de las víctimas ocurrió en septiembre de 2022, cuando policías encontraron los cuerpos de dos menores dentro de una vivienda del fraccionamiento La Campiña, en Villa de Pozos.
La investigación inició después de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes del domicilio.
De acuerdo con la información proporcionada entonces por la autoridad municipal, una mujer señaló a su pareja sentimental, Eduardo “N”, como presunto responsable de haber asesinado a golpes a sus dos hijos: un niño de 11 años, presuntamente asesinado en enero, y una niña de cinco años, cuyo homicidio habría ocurrido en mayo.
Los cuerpos permanecían ocultos dentro de una habitación, colocados en una caja de madera, entre bolsas negras y cubiertos con cal.
El caso provocó especial indignación porque en el domicilio también se encontraba otra menor, quien habría referido agresiones sexuales por parte de su padrastro.
Ese año también quedaron registrados otros homicidios que impactaron a municipios potosinos.
Entre ellos estuvo el asesinato de dos adolescentes cuyos cuerpos fueron encontrados en una laguna de Tamuín.
La Fiscalía informó entonces que una adolescente de 15 años y su hermano de 14 fueron asesinados por ahorcamiento y posteriormente arrojados a un estanque del rancho Chiriwuillo.
El hallazgo ocurrió el 23 de junio de 2022 y se sumó a una serie de hechos violentos que provocaron preocupación entre habitantes de la región.
Uno de los casos más recientes que sacudió a San Luis Potosí ocurrió en julio de 2025 en la comunidad de Peñasco, en la capital potosina.
Una mujer y sus dos hijas fueron asesinadas en un ataque que la Fiscalía investigó como un triple feminicidio.
Una cuarta menor de edad resultó herida y tuvo que ser hospitalizada.
El crimen provocó indignación entre habitantes de la comunidad y pronunciamientos de distintos sectores de la sociedad potosina.
La magnitud del ataque, tres integrantes de una misma familia asesinadas y una menor herida, convirtió el caso en uno de los episodios de violencia contra mujeres que más repercusión tuvieron durante ese año.
La violencia también alcanzó a la comunidad universitaria.
Jorge Eduardo Dávila, joven de aproximadamente 23 años y estudiante de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, murió después de ser baleado en las inmediaciones del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.
El joven realizaba su servicio social cuando fue víctima de un violento robo.
De acuerdo con la Fiscalía, el principal móvil establecido fue el despojo de su vehículo.
El homicidio generó una fuerte reacción entre estudiantes y docentes de la UASLP, quienes exigieron mayor seguridad en los alrededores de la Zona Universitaria.
Apenas unos meses después, otro crimen que involucró a un estudiante volvió a estremecer a la comunidad educativa.
Miguel Ángel Rocha Medina, alumno del Cobach 26, murió después de recibir un disparo durante una reunión privada de jóvenes.
Los hechos ocurrieron entre la noche del 24 de enero y las primeras horas del 25, en una convivencia ajena a las actividades escolares.
De acuerdo con la información proporcionada por amigos y familiares, durante una riña un joven que no pertenecía al plantel habría realizado detonaciones con un arma de fuego.
La Fiscalía posteriormente informó que el presunto responsable también sería menor de edad y que ya había sido identificado.
El asesinato generó preocupación entre padres de familia, estudiantes y autoridades educativas, especialmente porque ocurrió justo en el contexto del regreso a clases.
El caso comenzó el pasado 28 de julio, cuando Ignacio Montejano Rodríguez, de 79 años; Elena Niño Celaya, también de 79, e Ignacio Montejano Niño, de 55 años, fueron vistos por última vez en el Barrio de San José, en Santa María del Río.
Tras varios días sin conocer su paradero, familiares acudieron ante las autoridades y se activaron las fichas de búsqueda correspondientes.
La investigación dio un giro el 11 de agosto, cuando elementos de la Policía de Investigación localizaron los cuerpos de las tres personas dentro de un inmueble ubicado sobre la calle Hidalgo, en el municipio.
Los restos fueron trasladados por personal de Servicios Periciales para realizar las necropsias y estudios correspondientes, mientras la Fiscalía General del Estado continuó con las indagatorias para esclarecer la mecánica de los hechos.
La Fiscalía confirmó posteriormente la detención de una persona presuntamente relacionada con el triple homicidio.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, el detenido sería familiar de las víctimas y nieto de los dos adultos mayores, lo que añadió un componente familiar al caso que provocó conmoción entre los habitantes de Santa María del Río.
Una de las líneas de investigación apunta a un posible conflicto por el patrimonio familiar.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que el presunto responsable habría buscado quedarse con propiedades de sus familiares.
El mandatario estatal también dio a conocer una versión sobre la manera en que presuntamente ocurrieron los hechos, según la cual las víctimas habrían sido sedadas antes de ser trasladadas y enterradas.