La directora del Sistema Estatal DIF, Virginia Zúñiga Maldonado, alertó sobre el incremento de casos de violencia digital entre la población juvenil, un fenómeno que, aunque no se ha disparado de manera crítica, sí mantiene en alerta a las autoridades de atención social.

Zúñiga explicó que, aunque no se cuenta con un número exacto, en los últimos meses, el organismo ha brindado apoyo, orientación y acompañamiento a jóvenes que se han visto afectados por este tipo de situaciones, particularmente cuando derivan en denuncias legales.

“Se han atendido los casos que se han presentado, algunos incluso llegaron a resolverse favorablemente para las y los afectados”, señaló.

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La funcionaria precisó que, aunque no se han registrado incidentes de alto riesgo en lo que va del año, cada reporte es atendido bajo los protocolos que garantizan el respeto a los derechos de las y los menores. En este sentido, destacó que el organismo cuenta con un equipo de psicólogos y especialistas que se desplazan a las escuelas para ofrecer talleres, charlas preventivas y seguimiento a las denuncias.

“Lo que más hemos detectado es acoso escolar en línea, principalmente bullying. Ante cada caso, visitamos los planteles, hablamos con maestros, alumnos y directivos, y reforzamos la información para que no se repita”, comentó.

Los niveles educativos donde más se presentan estas problemáticas son secundaria y preparatoria, aunque el DIF también trabaja con primarias para anticiparse a cualquier situación. “Recorremos desde los grados básicos hasta media superior, porque lo más importante es prevenir. Dejamos siempre la puerta abierta para acudir a cualquier escuela que lo solicite y darles certeza de que habrá seguimiento”, añadió.

De acuerdo con la titular del organismo, las acciones no se limitan únicamente a atender casos, sino que buscan generar entornos escolares seguros y libres de violencia.

Finalmente, Zúñiga Maldonado subrayó que el DIF continuará con su estrategia de prevención, acompañamiento y cercanía con la comunidad escolar, reforzando el envío de psicólogas y personal de bienestar familiar a los planteles que lo requieran.

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