En una decisión considerada sin precedentes para San Luis Potosí, el Poder Judicial de la Federación falló a favor de la sociedad civil organizada y determinó que el Gobierno estatal y el Congreso local incurrieron en una omisión al no contemplar recursos dirigidos a la comunidad LGBTIQ+.
El dictamen establece que, frente a contextos de violencia y discriminación, este sector enfrenta obstáculos para ejercer derechos como trabajo, salud y educación, por lo que las autoridades no pueden mantenerse al margen.
Por ello, se instruyó la asignación inmediata de presupuesto para atender dichas condiciones de desventaja.
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El resultado responde a una lucha colectiva sostenida durante años.
Aunque la demanda fue impulsada por Francisco Olvera Herrera y Jorge Álvaro Colunga López, el proceso refleja el trabajo constante de múltiples personas que han enfrentado, desde la organización comunitaria, la falta de respaldo institucional.
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En este contexto, el Refugio Orquídea ha operado con recursos propios y apoyo solidario, brindando acompañamiento a personas de la diversidad sexual pese a la ausencia de financiamiento público.
Olvera Herrera sostuvo que la comunidad ha subsistido con lo disponible ante la falta de acción gubernamental y subrayó que la resolución implica una obligación legal, no una recomendación, por lo que los recursos deberán canalizarse hacia quienes sostienen estas labores cotidianamente.
Imagen: Especial
La sentencia también precisa que el presupuesto deberá atender diversas condiciones de vulnerabilidad dentro de la población LGBTIQ+, considerando factores como género, pertenencia a pueblos indígenas, discapacidad, edad o situación de abandono, así como la inclusión de niñas, niños y adolescentes.
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El fallo marca un precedente al redefinir la relación entre autoridades y sociedad civil: reconoce el carácter colectivo del derecho a estos recursos, plantea que la justicia debe traducirse en apoyos concretos no solo simbólicos y elimina la discrecionalidad en la asignación presupuestaria, al convertirla en una responsabilidad permanente.
Asimismo, se hizo un llamado a las organizaciones a mantenerse atentas al cumplimiento de la resolución, con el objetivo de evitar simulaciones y asegurar que el beneficio alcance a la comunidad.
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El acompañamiento legal fue clave en este proceso.
La asociación civil Amicus DH, con sede en León, Guanajuato, participó en la defensa del caso desde su experiencia en la promoción de derechos humanos de personas LGBTIQ+.
También se reconoció el trabajo de los representantes jurídicos Juan Pablo Delgado y Juan Cueva, cuya labor fue determinante para alcanzar la resolución.
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Con este fallo, la justicia federal fija una postura contundente: ahora corresponde a las autoridades estatales acatar lo ordenado.
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