José Francisco Cortés Tello, excapacitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, aseguró haber sido víctima de una serie de actos de hostigamiento laboral, abuso de autoridad y disciplina que, afirmó, culminaron con su despido en marzo de este año.
Relató que la situación comenzó en 2024, cuando identificó un cambio en la dinámica de trabajo, entonces encabezada por Sergio Montoya Sierra.
Según su versión, durante cada periodo electoral se incrementaban las exigencias laborales y se solicitaban actividades que, a su juicio, se alejaban de las funciones propias de la institución, al abordar temas que no guardaban relación con los derechos humanos.
Cortés Tello señaló que, al expresar su inconformidad junto con su compañera Alejandra Collazo Rodríguez, la respuesta fue una actitud que calificó como agresiva.
Posteriormente, dijo, ambos fueron convocados a una reunión en la que participaron directivos y personal administrativo, donde recibieron mensajes que interpretaron como amenazas y advertencias para que valoraran conservar sus empleos.
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A raíz de ello, aseguró que presentó quejas ante el órgano interno de control de la propia comisión, la Unidad de Igualdad y No Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como ante instancias nacionales.
Sin embargo, afirmó que ninguna de las gestiones tuvo una respuesta favorable.
El exservidor público sostuvo que, conforme transcurrieron los meses, comenzó a percibir una mayor presión laboral, con constantes traslados y cargas de trabajo que, aseguró, tenían el propósito de desgastarlo física y emocionalmente hasta provocar su renuncia.
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Así mismo comentó que él acostumbraba a usar pelo largo y su forma de vestir llamativa lo cual también incomodada a las personas de la comisión de Derechos humanos.
Indicó que, al no lograr ese objetivo, en marzo pasado fue citado para informarle sobre el levantamiento de un acta administrativa.
Aseguró que durante el encuentro recibió advertencias de que podrían fincarle acusaciones por presunta discriminación.
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Según su testimonio, las actas administrativas contenían señalamientos sobre supuestas quejas de otros servidores públicos y observaciones relacionadas con declaraciones que había realizado ante medios de comunicación, situaciones que negó y consideró fabricadas.
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"Después de nueve años y medio de trabajo no pueden decirme que no servía o que no hacía mi labor. Lo que ocurrió es que dejé de ser conveniente para ciertos intereses", expresó.
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Cortés Tello afirmó que el sindicato decidió respaldarlo después de revisar su trayectoria laboral y actualmente lo representa en la denuncia por despido injustificado.
El ex capacitador sostuvo que su salida de la institución se relacionó también con el respaldo que brindaba a docentes y familias en diversos temas de derechos de la niñez y educación, así como por su postura crítica respecto a asuntos que, a su consideración, debían ser atendidos por la comisión.
Pese a su separación del cargo, aseguró que continúa desempeñándose como capacitador independiente y asesorando diariamente a maestros y ciudadanos en distintos temas relacionados con derechos humanos y educación.
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"Mi trabajo siempre fue una vocación. Lo sigo haciendo porque me apasiona y porque mi objetivo siempre ha sido ayudar a las personas a resolver sus problemas", concluyó.
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