A unas horas de que concluya el plazo legal para el reparto de utilidades en San Luis Potosí, o conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (STyPS) informó que hasta el momento suman nueve empresas que notificaron no haber generado ganancias durante el último ejercicio fiscal, por lo que no entregarían PTU a sus trabajadores.

El titular de la dependencia estatal, Crisógono Sánchez Lara, explicó que actualmente se mantienen mesas de diálogo entre sindicatos y empresas para evitar inconformidades laborales y alcanzar acuerdos que permitan compensar, de alguna manera, la ausencia de este pago.

El funcionario señaló que, hasta ahora, no se ha registrado un ambiente de tensión generalizada entre la base trabajadora, pese a que el tema suele generar preocupación entre empleados de distintos sectores.

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“Lo que buscamos es mantener la estabilidad laboral y privilegiar la conciliación antes de llegar a conflictos que puedan afectar tanto a los trabajadores como a la atracción de inversiones”, expresó.

Sánchez Lara detalló que las nueve compañías que reportaron no tener utilidades pertenecen a distintos giros económicos, entre ellos el automotriz, manufacturero, financiero y agrícola, aunque evitó revelar nombres por temas de confidencialidad.

El secretario indicó que la estrategia del gobierno estatal ha sido impulsar negociaciones entre patrones y trabajadores para que, en aquellos casos donde no exista reparto de utilidades, puedan ofrecerse beneficios alternativos como bonos económicos, días adicionales de vacaciones u otras prestaciones laborales.

Recordó que durante el año pasado se presentaron alrededor de tres casos similares y, mediante acuerdos conciliatorios, se logró evitar sanciones o conflictos mayores.

El funcionario reconoció además que, en lo personal, considera necesario analizar posibles reformas que impidan que algunas empresas eviten el pago de utilidades bajo el argumento de no haber generado ganancias.

Incluso, abrió la puerta a impulsar una iniciativa legislativa que permita revisar este tipo de situaciones, similar a lo ocurrido con la propuesta para establecer salas de lactancia en centros laborales, la cual posteriormente fue aprobada por el Congreso del Estado.

Sánchez Lara reiteró que el objetivo principal es evitar inconformidades que puedan escalar a conflictos laborales o afectar la imagen del estado frente a inversionistas nacionales e internacionales.

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