Ante la falta de definiciones en torno al decreto relacionado con el uso de suelo de la Zona Industrial, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí impulsa la elaboración de un nuevo reglamento que establezca lineamientos claros para los temas que continúan sin regulación como las atribuciones de las autoridades estatal y municipal respecto al mantenimiento.
La presidenta del organismo empresarial, Imelda Elizalde, informó que la propuesta ya fue planteada al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, como parte de una serie de reuniones con el Gobierno del Estado.
Explicó que el objetivo es contar con un instrumento que otorgue certidumbre sobre aquellos aspectos que aún no están plenamente definidos, independientemente del desenlace que tenga la controversia constitucional relacionada con el decreto de uso de suelo.
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Señaló que el reglamento busca establecer criterios específicos para atender los puntos que actualmente permanecen sin control o regulación, de manera que exista una guía para la operación de la Zona Industrial mientras se resuelve el proceso legal.
Respecto a los tiempos para concretar el documento, indicó que todavía no existe una fecha establecida para su presentación o eventual aprobación.
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No obstante, destacó que el diálogo con la Secretaría de Desarrollo Económico y con el Gobierno del Estado se ha mantenido abierto, lo que, dijo, refleja el interés de las autoridades por generar condiciones que permitan el funcionamiento adecuado de la actividad industrial.
Elizalde precisó que, por ahora, las mesas de trabajo se desarrollan únicamente con el Gobierno del Estado, sin la participación del Ayuntamiento, al ser la administración estatal la instancia que actualmente concentra este tema.
¿En qué consiste el reglamento?
La propuesta de reglamento busca establecer un marco normativo que brinde mayor certeza sobre el funcionamiento de la Zona Industrial, al definir con precisión qué actividades pueden desarrollarse en este sector y bajo qué lineamientos deberán operar las empresas, además de ordenar aquellos aspectos que actualmente permanecen sin una regulación específica.
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La iniciativa también pretende resolver vacíos que durante años han generado incertidumbre entre autoridades y empresarios, como la falta de una delimitación clara del polígono industrial, la definición de los giros permitidos y la distribución de atribuciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal.
Uno de los principales objetivos es precisar qué instancia debe hacerse cargo del mantenimiento de la infraestructura, como vialidades, semáforos y otros servicios públicos, ya que actualmente existen diferencias sobre las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
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