Después de las declaraciones del secretario general de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, quien afirmó que el trámite de reconocimiento de la identidad de género es completamente gratuito y cuestionó que no existiera una denuncia formal por el supuesto cobro, el colectivo Todes Trans San Luis Potosí respondió con un posicionamiento en el que rechazó que la falta de una denuncia sea utilizada para desestimar el señalamiento.
La organización sostuvo que el punto central no es determinar si existe o no una denuncia presentada ante alguna dependencia, sino aclarar por qué se ha solicitado un pago para realizar este procedimiento cuando, de acuerdo con la postura expresada por el funcionario, debería efectuarse sin costo.
El colectivo señaló que el cobro no se trata de una situación surgida recientemente, pues está contemplado dentro de la legislación vigente y, además, puede ser identificado en información oficial difundida por el propio gobierno estatal.
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Por ello, llamó al secretario general de Gobierno a revisar directamente las disposiciones que regulan el trámite, consultar los documentos publicados por las autoridades y recuperar los antecedentes de las mesas de trabajo realizadas durante este año, particularmente aquellas relacionadas con los costos del procedimiento de reconocimiento de identidad de género.
Todes Trans recordó que desde enero de 2026, la colectiva había advertido públicamente sobre la existencia de un cobro equivalente a 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA), relacionado con el procedimiento para modificar los datos personales en las actas del estado civil de acuerdo con la identidad de género autopercibida.
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Posteriormente, el 26 de febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría General de Gobierno, en la que, según el colectivo, se plantearon alternativas para reducir la carga económica que representaba el trámite.
Entre los acuerdos alcanzados se contempló una disminución de 50 por ciento en el costo para quienes realizaran el procedimiento directamente ante la Dirección del Registro Civil, así como la organización de jornadas especiales en las que el servicio se proporcionaría sin costo.
El colectivo subrayó que estas medidas no quedaron únicamente como compromisos de palabra, pues durante abril y mayo se realizaron jornadas gratuitas para facilitar el acceso al procedimiento.
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Ante ello, consideró necesario que el gobierno explique qué ocurrió con esos acuerdos y cuál es actualmente la disposición jurídica y administrativa que determina si el trámite debe pagarse o no.
“Si actualmente se sostiene que el procedimiento es completamente gratuito, debe explicarse por qué anteriormente fue necesario establecer una reducción del 50 por ciento y organizar jornadas gratuitas”, planteó la organización en su posicionamiento.
Otro de los puntos que cuestionó el colectivo fue la aparente contradicción entre asegurar que el procedimiento no tiene costo y, al mismo tiempo, ofrecer la devolución del dinero a las personas que hayan efectuado algún pago.
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A juicio de Todes Trans, regresar el dinero no resuelve por sí mismo el problema, pues las autoridades también deberían determinar por qué se está cobrando, bajo qué disposición se solicita ese pago y qué acciones se implementarán para evitar que vuelva a ocurrir.
La organización también rechazó que la responsabilidad de detectar una posible irregularidad recaiga en las propias personas trans y no binarias.
Explicó que quienes acuden a una oficina pública para realizar un trámite tienen derecho a confiar en que el personal encargado conoce y aplica correctamente las normas, por lo que no debería corresponder a las personas usuarias determinar si una cantidad solicitada por una autoridad es legal o no.
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“Las personas no tienen por qué conocer de antemano todas las disposiciones fiscales, administrativas o los procedimientos internos del Registro Civil para saber si deben pagar una cantidad que la propia autoridad les está solicitando”, señaló.
Para el colectivo, exigir que una persona trans primero detecte el posible cobro indebido, confronte al personal, investigue la legislación, documente lo ocurrido, presente una denuncia y posteriormente solicite la devolución representa trasladar a la ciudadanía una responsabilidad que corresponde a las instituciones.
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Todes Trans sostuvo que el Estado debe garantizar que sus dependencias actúen conforme a derecho y que proporcionen información clara, homogénea y accesible a quienes buscan realizar este tipo de procedimientos.
Por ello, pidió al secretario general de Gobierno revisar los antecedentes de las reuniones sostenidas con las colectivas, verificar los acuerdos alcanzados por las propias autoridades, revisar las disposiciones legales vigentes y contrastar su declaración con la información oficial que actualmente ofrece el gobierno estatal.
El colectivo señaló que, si después de esa revisión la posición oficial es que el reconocimiento de la identidad de género debe ser gratuito, las organizaciones coincidirán con esa postura, pero demandaron que la gratuidad no se limite a una declaración pública.
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“Si es gratuito, debe ser gratuito en la norma, en la información oficial, en los criterios administrativos y, sobre todo, en cada oficina del Registro Civil”, sostuvo.
Finalmente, Todes Trans afirmó que su intención no es desacreditar a las instituciones, sino exigir que exista congruencia entre lo que establece la legislación, lo que acuerdan las autoridades y lo que ocurre cuando una persona acude a realizar el trámite.
El colectivo insistió en que no busca un trato preferencial, sino certeza sobre las reglas que deben aplicarse y garantías para que las personas trans y no binarias puedan ejercer sus derechos sin enfrentar obstáculos económicos o administrativos.
El llamado, concluyó, es a que el señalamiento sea investigado y esclarecido, pues sostuvo, existen antecedentes, acuerdos institucionales y disposiciones que deben ser revisados antes de afirmar que el procedimiento es completamente gratuito.
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