Ley Hope: Puntos clave para entender la iniciativa que busca erradicar el maltrato animal en SLP

Estado | 08-11-25 | 11:02 | Actualizada | 08-11-25 | 11:02 |

Fabiola Hidalgo

La historia de Hope, una perrita que fue quemada viva y golpeada hasta morir en San Luis Potosí, conmocionó a toda la entidad y puso de manifiesto la fragilidad del sistema de justicia frente al maltrato animal.

A pesar de que los responsables fueron identificados, uno de los agresores fue liberado recientemente tras pagar sólo 2 mil 500 pesos y entregar cuatro bultos de croquetas, lo que provocó un profundo rechazo ciudadano y renovó el llamado a reformar las leyes actuales.

En este contexto, organizaciones y colectivos aseguran que lo ocurrido con Hope no debe repetirse y exigen que el Congreso del Estado apruebe la llamada “Ley Hope”, una iniciativa ciudadana que busca garantizar sanciones más severas y duraderas.

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La Ley Hope surge como una respuesta social frente a los vacíos legales que permiten castigos mínimos por actos de crueldad animal. Su objetivo principal es reconocer a los animales como seres sintientes y establecer penas más duras para quienes los maltraten o asesinen.

Entre sus puntos más relevantes destacan:

Aumento de sanciones penales, con penas que podrían alcanzar hasta 16 años de cárcel en casos agravados de crueldad, como el sadismo, la zoofilia o la muerte intencionada.
Imprescriptibilidad de los delitos, garantizando que los agresores no puedan evadir la justicia con el paso del tiempo.
Programas educativos y de concientización, para fomentar desde las escuelas una cultura de respeto hacia todos los seres vivos.
Participación ciudadana activa, reconociendo la labor de rescatistas, protectores comunitarios y asociaciones civiles en la denuncia y prevención del maltrato.

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Aunque en julio de 2025 San Luis Potosí actualizó su Ley de Protección a los Animales, la realidad demuestra que aún existen limitaciones en su aplicación. De acuerdo con organizaciones defensoras, sólo siete casos de maltrato animal han sido judicializados en los últimos años y todos se resolvieron mediante acuerdos económicos, sin cárcel efectiva para los agresores.

La actual legislación prohíbe actos de crueldad, abandono, peleas y uso de animales en circos o como premios. También contempla multas que van de 10 a 400 UMAS, además de sanciones administrativas y psicológicas para reincidentes.

Sin embargo, los activistas sostienen que estas medidas no son suficientes si no se acompañan de una política penal más contundente.

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Uno de los ejes más innovadores de la propuesta de la Ley Hope es su apuesta por la educación como herramienta de transformación social. La iniciativa plantea que escuelas y universidades incorporen contenidos sobre bienestar animal, empatía y ética ambiental, eliminando prácticas crueles como la disección o experimentación con animales vivos.

Además, se busca impulsar campañas permanentes de esterilización, adopción responsable y denuncia ciudadana, fomentando una convivencia más armónica entre humanos y animales.

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El impulso detrás de la Ley Hope no proviene sólo de las organizaciones animalistas, sino de miles de ciudadanos que han decidido levantar la voz. Hasta la fecha, la campaña ha reunido más de seis mil firmas físicas y continúa sumando apoyos en plataformas digitales como Change Org.

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Colectivos locales como Huella Amiga A.C. y grupos de rescate independientes han encabezado marchas, manifestaciones y jornadas informativas para mantener viva la exigencia de justicia. “Hope representa a todos los animales que sufren en silencio”, expresan los activistas, quienes piden al Congreso de San Luis Potosí actuar con sensibilidad y responsabilidad.

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El caso de la perrita Hope dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de San Luis Potosí. Su nombre se ha convertido en bandera de una lucha que busca transformar la indignación en legislación y garantizar que la crueldad no vuelva a quedar impune.

La aprobación de la Ley Hope sería un paso decisivo hacia una sociedad más justa, empática y consciente, donde los animales sean verdaderamente protegidos por la ley y respetados por la comunidad.