En el Nuevo Plan de San Luis se establece que los programas sociales serán elevados a rango constitucional para que ninguna autoridad, persona o partido pueda manipularlos con fines electorales o lucre con ellos, porque “es dinero del pueblo y para el pueblo”.

Además, en la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se contempla etiquetar 3 mil millones de pesos por año para brindar programas sociales, que sumarían 18 mil millones en cada sexenio.

Estos recursos serán protegidos para que se sigan entregando a la gente, a través de becas alimentarias, apoyos económicos a madres solteras, adultos mayores, niños, niñas y jóvenes, así como personas con alguna discapacidad, además de la gratuidad de las licencias de conducir y placas vehiculares.

La iniciativa Nuevo Plan de San Luis será enviada, por el gobernador Gallardo Cardona, al Congreso local potosino para que los diputados la analicen, discutan y aprueben. Cuando sea sancionada por los representantes populares, los programas sociales estarán protegidos en la Constitución de San Luis Potosí.

Cuando sean un derecho constitucional, los programas sociales se brindarán  a personas de las cuatro zonas del estado que, bajo un estudio socioeconómico, ameriten recibirlos.

De esta manera quedará garantizada  la dotación sostenida de estos apoyos, que sean un derecho constitucional de las y los potosinos, que nadie lucre con ellos y sobre todo que los próximos gobernadores no malgasten esos recursos, puesto que “es dinero del pueblo y para el pueblo”.

Serán apoyos permanentes en donde cualquier persona en situación vulnerable podrá demandarlos y exigirlos bajo el amparo de la Ley.

Asimismo, los programas sociales ya no serán dádivas y no se entregarán como favores a cambio de votos. Se reconocerá el derecho que tienen todas y todos los potosinos a que se les retribuya un poco de la bonanza arrebatada en el pasado y de los impuestos que pagan a las autoridades.

El Nuevo Plan de San Luis será la Ley que conformará todos los programas sociales para que sean un derecho constitucional de todas y todos los potosinos, que las elecciones del 2024 y 2027 sean parejas para todos los partidos políticos, donde los potosinos puedan escoger libremente sin estar esperando o que alguien aliente con un apoyo o que los amenace con que les va a quitar el que ya reciben”, aseveró el mandatario en la iniciativa.

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