Mientras el Congreso de San Luis Potosí busca poner al día una Ley del Mezcal que mantiene desde 2018 una referencia a una norma oficial mexicana cancelada, productores advierten que la discusión llega en un momento clave: a nivel federal se encuentra en proceso un nuevo proyecto de regulación que, aseguran, podría modificar la forma en que se reconocen y mezclan distintas categorías y clases de mezcal.
El diputado Tomás Zavala González presentó el 4 de agosto dos iniciativas para reformar la Ley del Mezcal del Estado.
Una plantea actualizar la referencia a la norma que regula la producción, envasado y comercialización de la bebida, mientras que la segunda busca armonizar la definición estatal de mezcal con la regulación federal.
Ambas fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Económico y Social.
El problema, señaló Fernando Escandón Treviño, productor de mezcal ancestral certificado y titular de Mezcal Patatús, es que la discusión podría quedarse solamente en una corrección técnica cuando, desde su perspectiva, están en juego decisiones que pueden tener consecuencias para los productores potosinos.
“Una ley que cita a un muerto hay que corregirla. Mi objeción es que se corrija eso, y nada más, justo en el año en que se está decidiendo todo lo demás”, señaló.
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La legislación estatal fue publicada en 2018 y todavía hace referencia a la NOM-070-SCFI-1994, cancelada en 2017 y sustituida por la NOM-070-SCFI-2016.
Las iniciativas actualmente planteadas buscan precisamente corregir ese desfase y actualizar la definición de la bebida.
Para Escandón, sin embargo, la reforma debería aprovecharse para atender también lo que considera los puntos de fondo.
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¿Qué está en juego para los productores?
El productor identifica tres asuntos que, desde su perspectiva, están relacionados.
El primero es que la Ley del Mezcal estatal reconoce que existen diferentes categorías, pero no las define.
Esto, sostiene, deja sin una base legal clara al padrón de productores, los incentivos y las acciones de promoción para distinguir entre una vinata que mantiene procesos tradicionales y una planta dedicada al envasado.
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Por ello, plantea que el Congreso incorpore expresamente las categorías Artesanal y Ancestral dentro de la legislación.
El segundo frente se encuentra en el anteproyecto federal de la nueva NOM-070.
De acuerdo con el posicionamiento del productor, la regulación actualmente vigente establece que sólo pueden mezclarse mezcales de la misma categoría y clase.
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La propuesta federal, sostiene, eliminaría esa restricción y permitiría mezclas de mezcales provenientes de distintos productores, estados y categorías, con una reclasificación a la categoría inferior inmediata.
“El maguey del Altiplano deja de ser un ingrediente con nombre y se vuelve materia prima intercambiable. Y cuando el origen deja de importar, el precio lo pone el comprador. Siempre”, advirtió.
El planteamiento también señala que el anteproyecto permitiría la decoloración de mezcales reposados y añejos para comercializarlos como cristalinos, además de establecer una reclasificación para las mezclas de mezcal Madurado en Vidrio con joven o blanco.
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Este último punto, afirma Escandón, lo afecta directamente, debido a que Mezcal Patatús mantiene desde 2021 una reserva certificada de Madurado en Vidrio.
“El borrador trata cinco años de maduración como si no existieran. Eso no es técnica, es borrar valor que ya está en las bodegas de los productores”, sostuvo.
El tercer frente: el impuesto
El productor también pidió que la discusión de la Ley del Mezcal se vincule con la reforma fiscal en curso.
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Su posicionamiento respalda una propuesta para cambiar el esquema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de un porcentaje sobre el precio a una cuota de 1.37 pesos por grado de alcohol, acompañada de un crédito fiscal de 90 por ciento para quienes produzcan hasta 10 mil litros de alcohol puro al año.
Escandón sostiene que el planteamiento no busca simplemente reducir impuestos, sino modificar la forma en que se grava la actividad.
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De acuerdo con su posicionamiento, el esquema mantendría la recaudación estimada y el beneficio para pequeños productores representaría apenas 1.6 por ciento del volumen comercializado.
“El esquema actual castiga los procesos, no el alcohol. Cambiarlo sólo premia a quien ya es formal y le da una razón para formalizarse a quien no lo es”, afirmó.
Pero, para el productor, ambas discusiones no deberían caminar por separado.
“Es un solo expediente. Llevarlo separado es perderlo separado”, expresó.
La preocupación, añadió, no se limita a las etiquetas o a la clasificación de una botella.
Escandón puso el foco en los magueyeros del altiplano, cuyas plantas, de acuerdo con su planteamiento, requieren entre ocho y 12 años para madurar.
“El primero que paga esa falta de distinción no es el que pone la etiqueta, es el que corta”, subrayó.
En ese contexto, consideró que una modificación en las reglas de clasificación y mezcla podría impactar el valor que se reconoce al producto desde su origen, particularmente para quienes mantienen procesos tradicionales y ancestrales.
La legislación estatal ya contempla un mecanismo para que el sector participe en este tipo de discusiones: el Consejo Estatal del Mezcal, al que corresponde emitir opinión sobre instrumentos regulatorios que incidan en la producción de la bebida.
Por ello, Escandón plantea que no es necesario crear un nuevo órgano, sino activar el que ya contempla la propia ley.
“No hay que crearlo ni presupuestarlo. Hay que convocarlo”, señaló.
Las tres peticiones
El productor de Mezcal Patatús plantea al Congreso tres cambios concretos: que la ley deje de citar una norma específica y utilice una referencia genérica a “la norma vigente”, para evitar que vuelva a quedar desactualizada; que se incorporen al articulado las categorías Artesanal y Ancestral; y que se convoque al Consejo Estatal del Mezcal para que San Luis Potosí pueda fijar una postura ante el anteproyecto federal.
Las iniciativas presentadas por Zavala González continúan su proceso legislativo y, hasta ahora, se concentran en actualizar referencias y armonizar la definición estatal del mezcal con la regulación federal.
La discusión, para los productores, va más allá de corregir una cita en una ley: se trata de decidir qué elementos del mezcal potosino deberán quedar reconocidos y protegidos en las reglas que definirán su producción y comercialización.
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