Las coordinaciones municipales de derechos humanos podrían convertirse -en siguientes administraciones- en defensorías de derechos humanos, lo que las dotaría de autonomía y de facultades de emitir medidas cautelares, esto si se avala la propuesta presentada este viernes en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo por Jorge Andrés López Espinosa, ombudsman potosino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La propuesta busca la reforma de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, con el objetivo de que “las personas que resulten electas como defensores municipales no solo sean auténticos oficiales de partes, sino también tengan facultades como emitir medidas cautelares municipales; que sean electos por la mayoría del cabildo y lograr cierta independencia de quienes sean electos alcaldes”.
López Espinosa agregó que la propuesta recién presentada incluye un análisis de impacto presupuestal con el objetivo de no causar un mayor gasto a la economía pública municipal. Confió en que la actual legislatura analice la propuesta y se convierta en realidad.
Recordó que de acuerdo con la ley vigente, los municipios con más de 40 mil habitantes deben de contar con una coordinación de derechos humanos; asimismo, acotó que Santa María del Río es un municipio que aunque debería contar con un coordinador, no lo tiene.
El ombudsman dijo que los actuales coordinadores y coordinadoras municipales de derechos humanos son la segunda generación y aunque se percibe un buen trabajo, expresó que esta propuesta podría abonar a mejorar el trabajo en la materia en el municipio.
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vkc