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Ayuntamiento de SLP presenta solicitud de juicio político contra Gallardo y Emmanuel Ramos

Plantean daños al erario por mil 30 millones de pesos
30/09/2019
11:20
Sergio Marín
San Luis Potosí, SLP.
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí formalizó este lunes ante el Congreso del Estado la solicitud de juicio político en contra del exalcalde Ricardo Gallardo Juárez; y del extesorero y actual diputado, Jesús Emmanuel Ramos Hernández, en la que se pide se decrete para ambos la inhabilitación por 20 años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión dentro del servicio público, sea de elección o por designación.

La síndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez dio lectura a la solicitud planteada al legislativo local, donde expuso que se describe un daño al erario público por mil 30 millones de pesos, producto de contratos y pagos hechos a una empresa declarada por el SAT como EFOS, es decir una Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas, que suman seis facturas por seis millones de pesos.

También refiere la existencia de “La nómina maestra”, que le costó a los potosinos más de 60 millones de pesos.

Otro de los casos por lo que se le señala al exalcalde es por a una serie de obras pagadas no ejecutadas, como el caso de García Diego, Benigno Arriaga y de la avenida Fray Diego de la Magdalena.

También menciona un terreno en favor de Ricardo Gallardo Juárez dentro del área natural protegida denominada Paseo Camino a la Presa, desacatando la decisión del juez federal.

Asimismo, señala el caso en donde la administración pasada realizó descuentos  a los trabajadores del ayuntamiento no reportados al SAT, que suman 267 millones de pesos, situaciones que han sido detectados en un año y que se traducen en una defraudación a la Hacienda Pública.

“El Congreso del Estado requiere que se haga valer el derecho de los potosinos y se someta a los ahora reos políticos Ricardo Gallardo y Jesús Emmanuel Ramos Hernández, a una sanción ejemplar por medio del juicio político que se presenta y que nunca más se defraude la confianza de los potosinos. El Congreso debe evitar que se institucionalice la impunidad”, concluyó la síndica.

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