El pasado 7 de febrero el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la sindicatura de la administración municipal, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional que busca “preservar la libertad hacendaria y el principio de autonomía del Gobierno de la capital".
A través de un comunicado, el Ayuntamiento de la capital expresó que el objetivo del recurso legal presentado es dejar sin efecto para el municipio potosino las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las reformas antes mencionadas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 27 de diciembre del 2022, en las cuales se estipula límites en la autonomía municipal para el ejercicio de gasto público del 2023, según precisó el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Las reformas establecen que el límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social no debe rebasar el 0.1% del presupuesto de Egresos Anual al año correspondiente, por lo que el Ayuntamiento considera que esto afectaría la estrategia de comunicación que aprobó el gobierno local.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2023, la administración municipal destinó a los servicios de comunicación social el 1.84% de su presupuesto para el ejercicio fiscal del 2023.
Una vez que se emita la resolución por parte de la SCJN, el Ayuntamiento de la capital acatará la ley; no obstante, se espera que el fallo al recurso que presentó le sea favorable a la administración municipal.
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