Ultimátum de Iglesia a Ortega en Nicaragua

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Leopoldo Brenes, lanzó ayer un ultimátum al gobierno de Daniel Ortega, a quien dio de plazo hasta el lunes para responder a una serie de requerimientos si desea realmente instalar una mesa de diálogo nacional para intentar resolver una crisis que se ha saldado con la muerte de decenas de personas, incluyendo tres la noche del jueves durante ataques a recintos universitarios.

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En una carta, Brenes, cardenal de Nicaragua, exigió al gobierno el cumplimiento de cuatro puntos, incluyendo “permitir en el menor tiempo posible el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar y aclarar las muertes y las desapariciones de nicaragüenses”. La Conferencia Episcopal solicitó también la supresión de “los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque que intimidan, coaccionan y agreden a los ciudadanos, así como a no usar a la policía para ningún tipo de acción represiva”.

En conferencia de prensa, Brenes exigió una respuesta urgente a estos requerimientos antes del próximo lunes al mediodía “para poder, con estas premisas ineludibles, dar inicio al diálogo nacional”. Ortega respondió anoche con un mensaje dirigido a la CEN en el que aceptó los cuatro puntos y dijo que van a trabajar en ellos, pero sin dar una fecha para el inicio de las conversaciones.

Voceros del Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M19A), representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y dirigentes de asociaciones y organismos no gubernamentales se declararon “listos” para sentarse a dialogar con el gobierno.

La noche del jueves, tres personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas como producto de la represión ejercida por fuerzas policiales y de miembros de la Juventud Sandinista, informaron diversas fuentes.

Dos jóvenes y un hombre se sumaron a la lista de fallecidos que hasta el miércoles la Comisión Permanente de Derechos Humanos ubicaba en 63. Las víctimas recibieron impactos de bala en medio de ataques contra la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua —que exigen que Ortega deje el poder— y sus alrededores.

La crisis se inició como una protesta contra la reforma al Seguro Social, pero derivó en algo mayor ante la acción violenta de la policía. El Departamento estadounidense de Estado exigió llevar ante la justicia a los responsables de asesinatos en Nicaragua.