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A pesar de la resolución judicial que rechaza en definitiva la construcción del tiradero de desechos tóxicos de Palula, en el municipio de Santo Domingo, aún existe la posibilidad de que la empresa lo intente de nueva cuenta, por lo que estarán muy atentos a cualquier permiso que se quiera solicitar en este sentido, tanto en Santo Domingo como en otros municipios, así lo advirtió el Doctor Guillermo Luévano Bustamante integrante de la Clínica de Litigación Estratégica de la UASLP que llevó el caso desde un inicio.
No obstante, Luévano Bustamante destacó que la resolución del juzgado cuarto de distrito de San Luis Potosí, es una resolución histórica, porque pocas veces se ve que la justicia se vaya del lado de los campesinos y la defensa de los derechos humanos, toda vez que la costumbre que las empresas suelen ganar este tipo de cuestiones, con base más en su poder económico y no en sus argumentos jurídicos.
Asimismo, recalcó que no es mérito sólo del equipo jurídico que se pudo conformar, sino principalmente de la organización de los afectados, ya que los propios campesinos fueron los que se estuvieron moviendo, solicitando apoyo con la UASLP también con el Colegio de San Luis e incluso con la Iglesia Católica de Santo Domingo que tuvo a bien brindar su apoyo a este movimiento de resistencia en contra del tiradero.
Aseveró que, si bien es cierto que es preferible que se tenga la contención adecuada de los desechos tóxicos en lugares especiales, en lugar de que estén dispersos en la clandestinidad, también se tiene que hacer de manera adecuada, buscando el consenso de las poblaciones, haciendo los estudios necesarios y de ninguna manera queriendo avasallar y corrompiendo incluso al cabildo de un Ayuntamiento “creo que ya se lo pensarán dos veces antes de hacer algo así”.
Manifestó de la misma manera que es probable que la empresa lo vuelva intentar, pero ojalá y lo haga ya por la vía legal y con todas las de la ley, a lo mejor ya no en Santo Domingo, pero puede que si en municipios vecinos o incluso en otro estado, por lo que se tiene que seguir muy vigilantes para que no se sobrepase el interés de las comunidades y el respeto a los derechos humanos por un interés meramente económico.
Indicó que incluso esta resolución aún puede ser impugnada por la empresa a través de un recurso de revisión, pero será ya muy difícil que se dé marcha atrás porque quedó demostrado que diversos permisos, sobre todo los del ayuntamiento se consiguieron de forma irregular y por tanto es un proyecto que dé inicio está manchado por este tipo de corruptelas.
Finalmente, dijo esperar que con el nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, la autoridad en materia medioambiental sea verdaderamente estricta y apegada a la legislación en la materia y que si cualquier empresa no cumple con lo que marca la ley no se le otorgue ningún tipo de permiso, no como ahora que al parecer solo sirven para legitimar el actuar nocivo de industrias contaminantes.
samuel.estrada@clabsa.com.mx
vkc
