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El crimen que estremeció a las altas esferas de la sociedad en San Luis Potosí sigue generando comentarios; el nombre de Eduardo Hernández, 'Cayeyo Jr', forma parte de las pláticas cotidianas de los potosinos y muchos se preguntan qué pasó con el asesino del Campestre.
La mañana del 5 de mayo del 2017 es una fecha que cambió para siempre la vida de dos de las familias más influyentes de la entidad; una aparente discusión entre dos amigos tomó tintes dramáticos cuando uno de ellos disparó contra el otro joven.
Los sistemas de emergencia y de seguridad recibieron una llamada para alertarlos sobre el homicidio ocurrido en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la entidad potosina, el Club de Golf Campestre, fue el escenario donde una persona había sido asesinada con un arma de fuego.
Conforme pasaron las horas, la información del crimen se convirtió en dominio público, tanto el homicida como la víctima eran parte de la élite potosina.
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Pero lo que convirtió el asesinato en un reto para la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí ,fue el papel que jugó el entonces fiscal Federico Arturo Garza Herrera en el caso.
El servidor público en funciones tendría un conflicto en este asesinato.
¿Quién es Cayeyo Jr?
Cayeyo Jr es parte de una de las familias más acaudaladas de San Luis Potosí y su abuelo fue propietario de la empresa Coronado.
Mientras en el proceso penal se ventilaban los sucesos del asesinato, al mismo tiempo la vida de los involucrados estuvieron bajo el escrutinio público.
El juicio se convirtió en mediático por tratarse de familias ampliamente conocidas, así como podría hacer visible el funcionamiento o no del Sistema de Justicia.
En todo momento estuvo temblando todo el aparato gubernamental que lo integra y se maximizaron las deficiencias que hay dentro de la Fiscalía para armar una carpeta sólida de investigación.
Un largo juicio que parece no concluir
La audiencia se convirtió en un desfile de funcionarios que debían declarar como testigos tanto de los acusados como de los afectados.
Garza Herrera declaró que Cayeyo, quien es su ahijado, se presentó en su domicilio para confesar lo que ocurrió la madrugada del 5 de mayo.
Pero su sorpresa fue más grande al revelar que había muerto Eugenio Castañón, joven que tenía una relación sentimental con una de las hijas del titular de la extinta Procuraduría General del Estado.
Otro funcionario con alto cargo que estuvo en el estrado fue Guadalupe Castillo Celestino, entonces director de la Policía Ministerial en San Luis Potosí.
Declaró que el día del homicidio, cerca de las 5:00 am, recibió una llamada de Garza Herrera para solicitarle que se apersonara en un domicilio del fraccionamiento en donde vive.
El acusado reconoció haber disparado “en defensa propia” a otra persona tras una discusión; aunque en el juicio se demostró que lo hizo con los agravantes de la ventaja y traición.
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Las pruebas de ambas partes muchas veces fueron desestimadas por el juez y el Poder Judicial tenía en sus manos la decisión, que cualquiera que fuera sería controversial.
Tras escuchar las declaraciones y analizar las pruebas, el lunes 20 de mayo de 2019 se dictó sentencia a Cayeyo.
El juez condenó al victimario a 32 años y seis meses de prisión en La Pila; así como a pagar una sanción pecuniaria de 245 mil pesos y una reparación del daño a los familiares de la víctima de 230 mil pesos.
Pero el proceso no terminó ahí, la parte del acusado tramitó amparos y apeló la sentencia. Los abogados junto a la familia acusaron al Poder Judicial de actuar con favoritismos y con manipulaciones.
El recurso se presentó ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación, quien en agosto del 2021 lo desechó y ratificó sentencia contra Cayeyo.
Y aunque parece que por fin después de poco más de cuatro años se terminó el proceso, la parte defensora no descartó presentar nuevos amparos para revertir la decisión de las autoridades.
Por lo pronto el asesino sentenciado sigue en una celda en el centro de reinserción social de La Pila. Otro de los involucrados clave en este caso, el ex fiscal Garza Herrera funge desde octubre pasado como Secretario General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
