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En 1995 el matrimonio conformado por Vicente Hernández Ortiz y María Guadalupe Ávila Hernández adquirieron una casa ubicada en la colonia Santa Martha en el municipio de Matehuala, a través de un crédito hipotecario compartido que ofrecía la entonces institución bancaria Bancrecer; sin embargo, en aquel momento no imaginaron el calvario en el que se convertiría la posesión de esta vivienda y mucho menos que en 2023, su hija Rocío Hernández Ávila terminaría encadenándose en las instalaciones del Poder Judicial de Guanajuato exigiendo justicia.
Sin embargo, derivado de malos manejos y una crisis financiera que vivió el país en aquel entonces en 1998 BanCrecer notificó una insuficiencia de capital, por lo que solicitó la intervención del Instituto para la Protección para el Ahorro Bancario (IPAB) sucesor del Fobaproa y que años después terminó en la desaparición de este Banco y su compra por parte de Banorte, lo que derivó en que los créditos con BanCrecer básicamente quedaran en el limbo.
Desde aquel entonces la familia sabía que en determinado momento quedara en posesión de aquellos créditos pendientes, reclamaría el pago total de los adeudos por lo que comenzaron a ahorrar con la intención de que llegado el momento se liquidaría el total del costo de la casa que originalmente apenas rebasaba los 200 mil pesos.
Desafortunadamente, este fue sólo el inicio de los líos legales y el viacrucis que han estado transitando desde entonces, en 2009 el señor Vicente Hernández Ortíz fallece lo que hubiese significado que por lo menos la mitad de la deuda quedaba anulada, pero de manera inverosímil un despacho privado que habría adquirido el crédito, que dejó pendiente BanCrecer en apenas 120 mil pesos, interpuso un juicio intestamentario sucesorio argumentando que la vivienda debía quedar en manos de la Beneficencia Pública del Estado de San Luis Potosí; sin embargo, nunca enteraron a este ente estatal.
Estos movimientos nunca le fueron notificado a la señora María Guadalupe, quien legalmente es la beneficiario universal de los bienes de su finado esposo; no obstante, de manera completamente irregular y con una serie de complicidades designaron como interventor a un abogado de oficio y después como albacea a un ministerio público y que pudiera determinar el destino de la propiedad en supuesta representación de la Beneficencia Pública.
De todo ello se enteró la señora Hernández Ávila hasta 2016 cuando fue notificada de una demanda mercantil de parte de una empresa que había adquirido los derechos sobre este crédito, que en los hechos significaba que tendrían que negociar ahora con esta empresa la liquidación del adeudo, por lo que ofreció alrededor de 800 mil pesos, lo cual superaba por mucho el costo inicial de la vivienda, pero la representación jurídica de la empresa rechazó la propuesta de manera desconcertante.
Cabe destacar que todo lo anterior se ha llevado no solo en San Luis Potosí, sino en el estado de Guanajuato, ya que BanCrecer contaba con oficinas centrales en este estado y fue donde también, con una serie de complicidades entre la Fiscalía y el Poder Judicial, se determinó el desalojo de la vivienda, a pesar de que había un juicio de amparo en curso e incluso medidas de protección dictadas para que no se pudiera hacer ningún movimiento con la propiedad, lo cual estuvo debidamente notificado ante el Instituto Registral y Catastral del Estado.
Luego de siete años de batalla jurídica y tras darse cuenta de que simplemente todas las autoridades se estaban “echando la bolita” y se tapan los unos a los otros en un esquema en el que en más de una ocasión con acciones legaloides se han hecho de propiedades despojando a sus legítimos posesionarios, la hija de este matrimonio matehualense, Rocío Hernández Ávila, decidió tomar acción y fue que el pasado miércoles al interior del Juzgado Cuarto de Partido Civil del Poder Judicial de Guanajuato con sede en la ciudad de León.
“Yo no me puedo mover, estoy encadenada”
Hernández Hernández relata que está decidida a tomar esta medida radical para que, por lo menos, públicamente se exponga la red de corruptelas en las diferentes autoridades de San Luis Potosí y Guanajuato, además en contubernio con despachos jurídicos, la propia BanCrecer y demás especuladores inmobiliarios, ingresó a las oficinas del juzgado junto con su hermana, se encadenó a la puerta y colocó una pancarta de protesta en los ventanales, ante el asombro de trabajadores y usuarios.
"Yo tenía miedo de que utilizaran la fuerza pública para quitarme, pero al poco tiempo salió el juez y me preguntó que cuál caso era, ahí lo encaré, le dije todas sus omisiones y francamente actuaciones ilegales que ha tenido a lo largo de siete años, él simplemente dijo no acordarse e incluso admitió que si no había detenido la orden de desalojo fue porque la Fiscalía no se lo pidió, esto a pesar de tener conocimiento de la existencia de las medidas de protección a la vivienda”, comentó la afectada.
Mientas esperaba, llegó una persona más quien se enteró por redes sociales de su manifestación y refirió que quería unírsele, puesto que a él le había pasado lo mismo y con el mismo juez y con el mismo modus operandi lo despojaron de su propiedad, fue así que entonces que solicitaron llegara personal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Guanajuato para interponer su queja en contra de las reiteradas actuaciones irregulares del juez, a lo que respondieron que sus oficinas estaban en Guanajuato capital y que, si quería, podían acudir ellas a interponer su denuncia a lo que le respondió más que molesta por todo lo sucedido. “Fíjese que yo no me puedo mover, estoy encadenada, pero si se tardan más en venir a lo mejor ya no vamos a ser dos los encadenados, vamos a ser 5 o 10”.
Finalmente y tras largas horas e incluso “sugerencias amistosas” de que se desencadenara para evitar la “incomodidad” de tener que pasar la noche en el lugar, arribó al sitio personal del Consejo de la Judicatura con quien se dialogó y aunque el juez, en más de una ocasión, salió a “aclarar” el asunto, lo que sólo entorpeció la negociación; posteriormente se comprometió a emitir una nueva orden en donde solicitaran expresamente al juez detener el desalojo, así sucedió, ella procedió a desencadenarse y el juez emitió la orden para suspender provisionalmente el desalojo de su vivienda.
A pesar de esto, las vías legales han sido varias y unas se han resuelto favorablemente, otras no y algunas más siguen su curso, por lo que se mantienen con el temor de que en determinado momento y sin previo aviso acuda la fuerza pública a desalojar su propiedad, todo esto en medio de la desolación, puesto que admite que ella y su madre ya están completamente en la bancarrota luego de tantos años de pleito legal en el que han invertido ya alrededor de 3 millones de pesos y siguen sin tener la certeza de la propiedad de su casa.
Por último, hizo el llamado tanto al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Guanajuato para que sancionen a todos los que cometieron irregularidades, así como también al Gobierno del Estado y el Poder Judicial de San Luis Potosí para que tengan la sensibilidad de darle celeridad al asunto y se pueda resolver a la brevedad además de que también revisen el actuar de sus propios funcionarios.
