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Que la Suprema Corte de Justicia haya avalado la legalidad de cateos sin orden judicial a personas y a vehículos por parte de autoridades de seguridad pública, es un indicio de que próximamente van a validar la polémica Ley de Seguridad Interior, que incluso fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH) y la propia ONU, así lo consideró el académico de la UASLP y experto en materia de Derechos Humanos, Guillermo Luévano Bustamante.
“Me parece que están reconociendo una pauta ambigua, regresiva y potencialmente autoritaria porque da facultades a que haya inspecciones policiales sin necesidad de orden judicial, que antes era un requisito, lo que identifico yo es una preparación para validar ciertas medidas policíacas que preocupan como las que se incluyen en la Ley de Seguridad Interior”, señaló.
Expuso de igual manera que organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han pugnado porque se restrinja la actuación arbitraria de los cuerpos policíacos y parece que lo que avala la SCJN va en sentido contrario, al ampliar el margen de maniobra de los cuerpos de seguridad.
Añadió que esto parece perjudicial, regresivo y peligroso para los derechos humanos, “aún existen las instancias internacionales a quienes se puede recurrir, una vez que la máxima instancia en México se ha pronunciado aún quedan otras posibilidades, lamentablemente el sistema internacional es muy lento y se llevará de 5 a 7 años para resolver sobre una situación como esta”.
Finalmente comentó que lo que se percibe es que esto pudiera tener una tendencia “represiva” con miras a poder contener reacciones postelectorales que pudiesen existir, ya que la policía estaría ya facultada de “cometer actos arbitrarios, con su simple sospecha y sin un fundamento judicial, me parece que es una medida que no abona en nada al fortalecimiento de nuestra democracia, lejos de fortalecer a las instituciones las vuelve distantes de la sociedad”.
apl
