Esta misma semana el Congreso de la Unión decidió ampliar el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que se añadieron el robo de hidrocarburos, abuso sexual contra menores, feminicidio, corrupción por enriquecimiento ilícito, portación de armas, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, transporte de explosivos y uso de programas sociales con fines electorales.
Al respecto, Federico Garza Herrera, fiscal general del estado, consideró que esta reforma legislativa eventualmente “podría romper el principio de presunción de inocencia”, que es la base fundamental del nuevo sistema de justicia penal que acaba de entrar en vigor y da preferencia a la reparación del daño y no al encarcelamiento de los culpables.
Expuso que si bien le gustaría poder leer a consciencia en que consistió la reforma para poder emitir una opinión más sustentada, el hecho es que desde que se propuso la polémica ha existido porque hay expertos que señalan que va en contra del espíritu del nuevo sistema, pero los legisladores también están atendiendo el reclamo ciudadano ya que consideran al nuevo sistema como una “puerta giratoria”.
Añadió que hay estudiosos del derecho que consideran que la ampliación de la gama de delitos graves trae consigo poner al delincuente en cárcel, cuando el origen fundamental del origen del sistema es la restauración, el acuerdo y la mediación, entonces es una situación que hay que verla con mucho cuidado.
Finalmente, Garza Herrera subrayó que el nuevo sistema de justicia es de mínima intervención penal, lo que privilegia es el acuerdo, porque una víctima no gana nada o muy poco con que su agresor esté detenido si no le repara el daño, entonces el hecho de ampliar el catálogo de delitos graves puede ser polémico, pero hay que ver el texto aprobado y cómo es que se va a operar.
samuel.estrada@clabsa.com.mx
vkc
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